El presidente de México Felipe Calderón se comprometió a convertir en delito federal los crímenes cometidos contra los periodistas y las amenazas contra la libertad de expresión. Lo hizo en una reunión del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) celebrada recientemente en la ciudad de México.

Este país es considerado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos en la región como el más peligroso para la vida y la seguridad de quienes ejercen su labor en el periodismo.

El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, anunció que desde el Poder Ejecutivo elevarán una propuesta al Congreso para enmendar el artículo 73 de la Constitución de México, convirtiendo en delito federal todo crimen que cause "alarma social", incluidas las amenazas a la libertad de expresión.

Ésta es, sin dudas, una respuesta alentadora a los reiterados reclamos que sobre el mejoramiento a las condiciones de seguridad de los comunicadores mexicanos, el derecho a la información y a la libertad de expresión, vienen formulando la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización política en la región, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), junto con otras entidades protectoras de estos derechos y libertades. Cabe recordar que México cuenta con el mayor número de periodistas asesinados y desaparecidos en el continente en los últimos años.

Por su parte el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) expresó su preocupación sobre el clima de miedo que restringe la labor de la prensa mexicana y la inquietud ante los violentos y continuos ataques contra los periodistas que cubren el crimen organizado y la corrupción oficial.

Una señal alentadora ya la había dado el presidente Calderón en el 2007, al apoyar y firmar una ley que eliminó definitivamente el nivel federal de las sanciones penales a periodistas por calumnia y difamación, sentando un precedente en la región.

El CPJ presentó una propuesta a Calderón varios principios sobre los cuales debería asentarse la proyectada ley y que garantizarían:

• · El derecho de todos los mexicanos a expresar sus ideas libremente, tal como lo establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución de México.

· La redacción de la futura ley federal conforme a los estándares internacionales en la materia.

· Buscar que el lenguaje utilizado en la elaboración de la ley sea amplio e incluyente de modo que proteja los derechos de todas las personas, incluyendo a los periodistas, cuya libertad de expresión se ve amenazada.

· La modificación de la oficina del fiscal especial para atención a los delitos contra periodistas, a fin de que tenga suficiente autoridad.

El clima de violencia y miedo que se ha instalado en la comunidad periodística mexicana por la falta de seguridad, ha tenido efectos nocivos ya que los reporteros que cubren el crimen organizado y la violencia vinculada al narcotráfico se autocensuran cada vez con mayor frecuencia. La ola de violencia contra la prensa impide a los periodistas cumplir con su labor informativa. Desde el sector de los trabajadores de las comunicaciones denuncian que el narcotráfico, el crimen, la corrupción y otros problemas que afectan la vida diaria de las ciudadanos mexicanos, no están recibiendo cobertura, mientras se consolida la cultura de la impunidad.

Federación de Periodistas de América Latina el Caribe (FEPALC)

Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP)

Manuel Méndez - presidente

José Insaurralde - secretario de derechos humanos